sábado, 30 de mayo de 2009

ENTREVISTA/ Pedro Duque: "El sistema Galileo es mucho mejor que el GPS y tiene requisitos diferentes"

ALICIA RIVERA - Madrid - / El País.com

El astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque está, estos días, pendiente no tanto de naves espaciales tripuladas o viajes a la Estación Espacial Internacional, sino, sobre todo, de un satélite mucho más pequeño. Es un satélite de observación de la Tierra, el Deimos I, diseñado para dar servicios de teledetección a usos múltiples, desde agricultura de precisión hasta vigilancia del territorio, control de incendios o de plagas, etcétera. Duque es director de la empresa Deimos Imaging que ha creado ese satélite y que está lista para empezar su explotación. Pero tras 20 años de trabajo en la Agencia Europea del Espacio (ESA), y 14 de ellos como astronauta (dentro de unos días irá a Alemania a pasar sus exámenes y pruebas para mantener su cualificación como astronauta, aunque ahora esté en excedencia), Duque sigue muy de cera toda la actividad espacial, en cualquiera de sus facetas. Hoy ha asistido a la presentación del concurso europeo de aplicaciones comerciales del sistema europeo Galileo, de posicionamiento por satélite, celebrada en Madrid.

Pregunta: Europa está embarcada en su programa Galileo con todas sus velas desplegadas, como uno de los más importantes emprendidos en actividades espaciales. Sin embargo, ahí está el GPS estadounidense funcionando desde hace años y utilizado por millones de usuarios. ¿Es realmente novedoso el Galileo o se trata de lo mismo pero en versión europea?
Respuesta: Galileo es completamente diferente, aunque también sea localización por satélite, porque está concebido y construido desde el principio para un uso que requiere alta fiabilidad constante, controlable y demostrable en todo el mundo. El GPS estadounidense es un sistema militar, controlado por las fuerzas armadas, que cubre sus necesidades de fiabilidad en un momento determinado en una zona determinada, pero que no tiene por qué serlo siempre y en todas partes. En concreto, el Galileo está pensado para utilizarlo en la navegación aérea civil y eliminar las actuales restricciones de los caminos del cielo.
P. ¿Qué va a cambiar en el tráfico aéreo?
R. Los aviones ahora vuelan de faro a faro, esos faros son instalaciones electrónicas en tierra, lo único fiable para indicarles su recorrido. De un faro a otro van por caminos muy restringidos y se crean atascos. Galileo, sin embargo, va a permitir que los aviones vuelen sin depender de los faros en tierra.
P.¿No se puede hacer con el GPS de EE UU?
R. Es que no es fiable en todo momento y en todo lugar, y puede pasar que un avión no sepa exactamente dónde está en un momento dado. El GPS tiene tres modos de funcionamiento diferentes: el de alta precisión, que exige unos receptores específicos que solo tienen los militares estadounidenses; el civil abierto normal, que es el que usan los coches y los aviones ahora, y que podría usarse para controlar el tráfico aéreo, si no existiera el tercero, el civil con error aleatorio, que puede introducir en cualquier momento el responsable militar estadounidense. Si se hace a los satélites funcionar en este último modo, todos los receptores de GPS del mundo darían errores de cientos de metros.
P. ¿Realmente podrán fiarse los aviones completamente de las señales Galileo?
R. Tiene que ser una señal estable y buena hasta el punto, como se define técnicamente, de confiarle la vida de las personas (de los pasajeros), lo que exige unos sistemas informáticos, de software, cuya fiabilidad sea de categoría similar, por ejemplo, a la de los aparatos médicos, como los de cirugía robotizada, y en este software está trabajando la industria española de altísimo nivel. El sistema Galileo es mucho mejor que el GPS y más moderno; además tiene requisitos diferentes.
P. También el GPS se está modernizando.
R. Si, claro, pero es imposible poner en marcha un sistema en el que se apoye y base el control del tráfico aéreo, si los responsables de ese tráfico aéreo no tienen la máxima autoridad del sistema.
P. Se cuenta con muchas más aplicaciones de Galileo.
R. Es que una vez que logras tener una señal totalmente fiable para poder guiar el tráfico aéreo, encuentras muchas más aplicaciones en otros usos que también necesitan señales de posicionamiento fiables. Por ejemplo, puedes optimizar y abaratar los tráficos mercantiles, los desplazamientos de coches y de flotas de camiones, etcétera.
P. Las previsiones de rentabilidad económica del sistema Galileo parecen apabullantes. Se habla de cientos de miles de millones de euros.
R. Sólo con extrapolar todas las posibles aplicaciones y contar el número de usuarios y de receptores, todos los coches...
P. Usted se dedica ahora a la observación de la Tierra desde satélites. ¿Se complementa esto de alguna manera con el Galileo o son dos áreas de actividad independientes?
R. Son complementarias. Con el satélite de teledetección, por ejemplo, podemos ver qué actividades agrícolas se necesitan en un lugar determinado y el GPS conducirá las maquinarias a ese sitio. Es lo que se llama agricultura de precisión y en ella se combinan ambos servicios: la teledetección te dice dónde abonar y cuánto, y Galileo lleva la máquina exactamente al lugar donde hay que abonar. Esto supone un importante ahorro porque ganas eficacia ya que no echas abono de más, reduces costes y contaminas menos. Desde luego para esto no necesitas la precisión de posicionamiento que exige el tráfico aéreo pero sí supone un avance importante. Los agricultores solo se pondrán en manos de la localización cuando vean que es confiable.
P. Usted ha resaltado en su presentación que Europa invierte en actividades espaciales la séptima parte de lo que invierte EE UU.
R. Sí, y es una estimación conservadora. Son los datos del Libro Blanco del Espacio Europeo, pero en la comparación deja de lado la inversión espacial militar estadounidense, que supone la mitad del total allí. Esto significa que, como en Europa el gasto espacial militar es sólo el 10% o el 20% del total, la desigualdad real es muy superior a esa séptima parte.
Europa no ha dado al espacio la prioridad que le ha dado EE UU. Nosotros somos muy buenos, avanzamos muy rápido, somos eficaces tanto desde el punto de vista organizativo como de las personas, porque nos hemos tenido que espabilar ante tal desigualdad de inversión, pero la distancia que nos lleva EE UU en el espacio es cada vez mayor. Esto es grave por muchos motivos, incluido el hecho de que el espacio es un sector clave para crear vocaciones de ingenieros y de científicos, además del impacto económico que tiene en la aparición, siempre impredecible, de nuevos métodos, conocimientos y tecnologías.
P. ¿No es un poco un mito esto de las aplicaciones de las actividades espaciales fuera del entorno espacial? Se habla mucho de esto pero a veces cuesta identificar esos efectos.
R. No es un mito. El espacio tiene un efecto enorme en muchas áreas, algunas insospechadas. Por ejemplo, hay grandes arquitectos que están utilizando el programa Catia, diseñado por Marcel Dassault para diseñar estructuras aeroespaciales. Frank Gehry utilizó el Catia para hacer el museo Guggenheim de Bilbao; le permitió calcular la forma correcta de los anclajes para, con esas formas tan imaginativas, no superar la resistencia de los materiales de ese edificio. Tú creas cualquier forma mecánica y el Catia te indica cómo fabricarla. Pero, además de las aplicaciones directas de desarrollos espaciales en telecomunicaciones, navegación o teledetección, el espacio fomenta una cultura de la exactitud, del ahorro y de los equipos que tienen que funcionar a la primera sin fallos. La verdad es que en la industria, en general, falta todavía mucha cultura de la ingeniería aeroespacial por lo que ésta supone de exactitud, seguridad y eficacia.
P. Usted también ha apuntado otro dato comparativo: China e India juntas invierten ya en espacio lo mismo que Europa.
R. Sí, y, teniendo en cuenta que en China los costes de personal son mucho más bajos que en Europa, en realidad están ya muy por delante de nosotros. El espacio es en China un objetivo de Estado dirigido en las tres líneas: aumento del conocimiento, desarrollo económico e inspiración. ¿En qué región del mundo hay tortas por entrar en las escuelas de ingeniería y en las facultades de ciencias? En China.
P. ¿Europa debería reaccionar y multiplicar su esfuerzo espacial?
R. Sí, desde hoy. El programa Galileo, como el GMES de observación de la Tierra (Copérnico), van en esa dirección y la visión de la Unión Europea suple en cierta medida las dificultades de los Estados para variar la asignación de los recursos ágilmente.
P. ¿Esta afectando la crisis económica al sector espacial?
R.P. Pese a que hay mucha actividad espacial de empresas privadas, parece que sigue siendo una actividad dependiente sobre todo de la inversión pública.
El espacio depende de que el desarrollo de conocimientos, los primeros pasos y lo más difícil se haga con financiación pública, que tiene que empujar la rueda para que luego siga rodando sola. En telecomunicaciones ha sido así y el sector ya está rodando por sí mismo; en navegación por satélite estamos lejos aún pero deberá ser igual en el futuro. En teledetección, al menos esa es la apuesta que hemos hecho; los servicios básicos de agricultura y control del territorio también pueden generar suficientes beneficios para que el sector empresarial desarrolle sus propios sistemas espaciales.
P. ¿Cómo va el satélite Deimos I, de su empresa Deimos Imaging?
R. Está listo, empaquetado y esperando el lanzamiento. Estamos pendientes de que Roskosmos nos comunique la fecha.
P. ¿Cómo se siente trabajando en el sector privado después de 20 años en la ESA y de ellos 14 como astronauta?
R. Bien. Es trabajar en el espacio de otra manera, pero igualmente trabajar en el espacio. La experiencia de gestión es dura, pero como todo lo difícil muy enriquecedora, y la apuesta que hemos hecho genera mucha ilusión.

Ideas para Galileo
El nuevo sistema europeo de navegación por satélite, Galileo (un programa conjunto de la Agencia Europea del Espacio y de la Comisión Europea), abre una amplio panorama de aplicaciones que sus responsables quieren explorar. Como las buenas ideas no tienen por qué surgir exclusivamente en un puñado de centros especializados, sino que las mentes creativas pueden estar muy repartidas, se ha puesto en marcha un concurso abierto de ideas de aplicaciones de Galileo, y hoy se ha presentado en Madrid la nueva edición del concurso (www.galileo-masters.eu), la sexta, de la mano de la Comisión Europea y la Comunidad de Madrid.
Dos satélites experimentales de Galileo, el Giove A y el Giove B, están ya en órbita (desde 2005 y 2008, respectivamente), ha recordado Jaques Huguet, representante de la Comisión Europea en España. Otros cuatro satélites iniciales se lanzarán entre 2010 y 2011, y poco después empezará el lanzamiento de los 26 satélites que conformarán el sistema. "El mercado de productos y servicios derivados de Galileo puede llegar a alcanzar un valor de 400.000 millones de euros hasta el año 2025, según el Libro Verde de la CE", ha destacado en el acto Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Las ideas sobre cómo y para qué se puede usar Galileo se multiplican constantemente. Los ganadores del concurso del año pasado han propuesto un sistema de rescate y seguimiento de personas que se caigan de un barco, es decir, en situaciones de hombre al agua. Ha recibido uno de los galardones un sistema propuesto desde España, en concreto de los ingenieros del INTA Rafael Olmedo y Pablo de Miguel, que han ideado un sistema denominado e-warning "para alertar a los conductores con suficiente antelación sobre la presencia de obstáculos, como un vehículo averiado, en la carretera. Esto no sólo debe mejorar la seguridad en carretera, sino también aliviar la congestión del tráfico que un incidente de este tipo suele producir".
La convocatoria de este año, cuyo primer premio está dotado con 20.000 euros, se abrirá el 1 de mayo y se cerrará el 31 de julio. Pueden presentarse empresas, institutos de investigación, universidades y particulares.

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domingo, 10 de mayo de 2009

REPORTAJE/ La Audiencia Universal

El poder ilimitado para investigar crímenes en el extranjero crea conflictos diplomáticos - ¿Es preciso en medio del caos judicial?
MÓNICA CEBERIO BELAZA / MANUEL ALTOZANO 10/05/2009 / El País.com
Juicios sobre Guantánamo, Tíbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda... La Audiencia Nacional tiene en estos momentos 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad producidos en distintos puntos del planeta. Un lector cuestionaba ayer en las páginas de este diario si, con el caos de la justicia española, la Audiencia tiene el deber de preocuparse por los delitos mundiales donde no hay ciudadanos españoles implicados. "¿No es más bien una obsesión egocéntrica de algunos jueces por acaparar titulares?", se preguntaba. Y recogía una inquietud repetida: los perjuicios diplomáticos que podrían causar a España estos procesos. Frente a este punto de vista, los defensores de la justicia universal apelan a un argumento ético: si nos creemos los derechos humanos, los crímenes más atroces deben perseguirse en cualquier lugar para evitar la impunidad. Los poderosos no pueden quedar impunes. Es una cuestión de democracia.

Los jueces españoles -egocéntricos o no-, no hacen sino aplicar la ley cuando abren estos procesos. La legislación española contempla desde 1985 la posibilidad de que se juzguen en España determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores o incapaces, tráfico de drogas, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, mutilación genital femenina -siempre que los responsables se encuentren en España- y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Y la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.
Hasta 2005, hubo dudas sobre cómo debía interpretarse este artículo y si las víctimas o perjudicados debían ser españoles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese año habló el Tribunal Constitucional. Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos podían investigarse aunque no hubiera conexiones con España. La Audiencia adquiría así la jurisdicción universal pura y absoluta.
La legitimidad para abrir este tipo de procesos no sólo deriva de la ley, sino también de un buen número de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España -Convenciones de Ginebra, Convención contra el Genocidio, contra la Tortura...- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento. Otros países europeos que también los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen también procesos de justicia universal abiertos, pero en un número muy reducido ¿Cuáles son las diferencias con España?
Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos países de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar. La segunda, la posibilidad o no de ejercer la "acción popular", que implica que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga. España no exige que el delito, víctima o delincuente tengan ninguna relación con el país y permite, sin restricciones, la acción popular, que está recogida en la Constitución, lo que no ocurre en países vecinos.
"En Francia, por ejemplo, se limita la justicia universal a casos en los que la víctima es nacional o hay intereses franceses en juego", explica el catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Víctor Moreno Catena. "En Alemania no se exigen estos requisitos pero el monopolio de la acción penal lo tiene el fiscal. Una asociación no puede, sin más, sin el apoyo del Ministerio Público, presentar una querella. En ambos países hay algún filtro. En España, ninguno. Es lo que nos ha convertido en gendarmes universales", añade.
Tampoco hubo filtros en Bélgica desde 1993 a 2003. Durante estos 10 años se acogió de forma amplia el principio de jurisdicción universal y se procesó, entre otros, a un ex ministro de Ruanda y al ministro de Asuntos Exteriores de Congo. También se abrieron causas contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon por las matanzas de Sabra y Chatila y contra el Gobierno estadounidense por la guerra del Golfo y la guerra de Irak. "Al final se modificó la ley por los conflictos diplomáticos que se estaban generando y que se volvieron insostenibles", señala Moreno Catena. "Ahora España está sola como defensora de la jurisdicción universal pura".
Uno de los problemas es que no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas como las que están llegando a la Audiencia. El Tribunal de La Haya tiene muchas limitaciones, de forma que la gran mayoría de estos delitos quedarían impunes. "Y estamos hablando de los crímenes más atroces, de crímenes contra la humanidad", opina Manuel Ollé, letrado encargado, entre otros asuntos, de la matanza de jesuitas en El Salvador en 1989, entre los que estaba Ignacio Ellacuría. "Mientras los Gobiernos no tengan la voluntad política de crear un tribunal eficaz y efectivo, la única vía es la justicia universal implantada en el mayor número de países posible. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los derechos humanos".
¿Son eficaces los procesos? Sólo uno ha terminado con juicio y condena en España: el del ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad. Se le consideró responsable de la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 -durante la dictadura militar en su país- y de la detención ilegal y torturas de otra. Y uno de los momentos de mayor protagonismo de la jurisdicción universal española fue la detención, en octubre de 1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres tras una petición del juez Garzón. Nunca llegó a Madrid, pero fue después juzgado en su país. Las órdenes internacionales de detención que se suelen dictar en estos procesos limitan la libertad de movimientos de los implicados, que se ven obligados a tomar cautelas para no ser detenidos en cualquier aeropuerto extranjero.
Pero incluso sin condena ni juicio, la apertura del proceso tiene consecuencias. La principal, remover a la opinión pública del país en el que se cometieron los hechos. Si es una dictadura, será imposible que se juzguen a sí mismos. Pero cuando se trata de una democracia, las cosas cambian. "Algunas de estas causas han tenido una eficacia simbólica importantísima y han generado procesos internos que han terminado con juicios en los países en los que se cometieron los crímenes", defiende Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. Las causas abiertas recientemente por Guantánamo han tenido un gran impacto mediático en EE UU -la noticia fue portada de The New York Times- y han sido celebradas por las asociaciones de derechos humanos, que creen que puede facilitar que se abra un procedimiento judicial en EE UU. La noticia adquirió tales dimensiones que incluso el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers Jr., emitió un comunicado aplaudiendo la querella criminal española.
Es esa influencia la que hace incómodos estos procesos desde el punto de vista diplomático. El pasado jueves, el Gobierno chino advirtió de que sus relaciones con España podrían verse dañadas si la querella contra tres de sus ministros sigue adelante. La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, llegó a pedir a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos una reforma legal tras la apertura de una investigación por un bombardeo en Gaza que mató a varios niños. Los jueces de la Audiencia repiten: "Estamos obligados a investigar; si el Gobierno no quiere que lo hagamos, que reforme la ley".
"Es cierto que la ley les permite abrir estos procesos por lo que nosotros, lo único que podemos hacer es limitar los daños que producen en nuestras relaciones con otros países y preservar los intereses españoles", afirma Elena Valenciano, portavoz de Exteriores del PSOE. La diputada socialista considera que estos asuntos no tienen mucho sentido en el contexto de colapso en el que se encuentra la justicia española. "Creemos que la ley debe modificarse para que las investigaciones tengan necesariamente conexión con intereses o ciudadanos españoles", para dejar el resto de los casos "a los tribunales internacionales".
Algunos juristas sostienen que no habría problema en limitar el ejercicio de la acción popular para impedir que las asociaciones de derechos humanos actúen por su cuenta y contra el criterio del fiscal. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la causa que el juez Eloy Velasco sigue contra varios asesores jurídicos de la Administración de George W. Bush por diseñar el entramado legal de Guantánamo. Entre ellos, el ex fiscal general -ministro de Justicia- Alberto Gonzales.
Otros aseguran, sin embargo, que "jurídicamente el Gobierno tiene poco margen de maniobra para limitar la justicia universal porque, aparte de la ley, están todos los tratados internacionales firmados y ratificados por España", como sostiene Gonzalo Boyé, abogado y encargado de los casos de Guantánamo e Israel. Y, en cuanto a la acción popular, el abogado Manuel Ollé opina que "limitarla supondría vulnerar la Constitución", que la recoge en el artículo 125. "Su anulación sería un paso atrás. Muchas víctimas han desaparecido o están muertas o no tienen capacidad ni medios para actuar". "Por otro lado, si todo dependiera de la Fiscalía, en cualquier conflicto con un país difícil sería en última instancia el Gobierno el que dirigiría el proceso, impulsándolo o parándolo según intereses políticos, no jurídicos", añade Boyé. "Al final sólo hay problemas con los poderosos. Los procesos que tienen como protagonistas a países pobres no han sido polémicos".
La otra cara de la moneda es el franquismo. La Audiencia Nacional rechazó ser competente para investigar las desapariciones de personas y sustracciones de niños durante la Guerra Civil y el franquismo. ¿Pueden juzgarse los crímenes del Tíbet y no nuestras propias historia? El argumento fue que, al ser crímenes cometidos en España, no era la Audiencia el tribunal competente, sino los juzgados de instrucción de cada localidad. "Es cierto que es paradójico y que debería haberse investigado, al menos", opina el magistrado Sáez Valcárcel. "Estábamos hablando de al menos 30.000 detenidos o desaparecidos a manos del Estado o paramilitares. Pero es un crimen internacional. En virtud de la justicia universal podría enjuiciarse en cualquier sitio".
En cuanto al coste y los medios dedicados a estos procesos sólo un ejemplo para tranquilizar a nuestro lector Manuel Cañedo. De las más de 500 causas abiertas en el Juzgado Central 4 -el que investiga a Israel o a Ruanda- sólo tres son de justicia universal. De los 2,5 millones de casos pendientes que hay en España, sólo el 0,0005 persiguen a estos presuntos delincuentes. Los más protegidos.

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lunes, 4 de mayo de 2009

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA UNA OBRA DE ARQUITECTURA JURÍDICA

Andrés Campoy /Archenanews

Se puede considerar la transición española como un proceso singular, pues supuso el paso de un régimen autoritario a un régimen constitucional, sin desórdenes públicos y de forma gradual, utilizando los mecanismos jurídicos de modificación existentes en el régimen autoritario para paulatinamente ir modificándolos hasta conseguir un régimen constitucional totalmente diferente a la dictadura.
En este proceso fue importante el papel que desempeñaron las élites de las distintas tendencias que evitaron las movilizaciones populares, gestionando y negociando con enorme discreción y en algunos casos en secreto (legalización del Partido Comunista tras la “Matanza de Atocha”).
La intervención del Rey Juan Carlos I también fue decisiva en la transición inclinándose por el aperturismo, desencadenando la dimisión de Carlos Arias y nombrando a Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. Pero quizá el aspecto más significativo de la intervención del Rey, fue el respaldo a la legitimidad del Gobierno en el proceso reformador, que la izquierda española interpretó como aval de la derecha a la aceptación de las reglas del juego político.



Otro factor a destacar en la transición es que tras la muerte de Franco la sociedad observó que es sistema político se quedaba obsoleto y la sociedad se sentía oprimida por el sistema franquista basado en la agricultura, economía autárquica y catolicismo integrista.
En estas circunstancias solo se podía avanzar mediante el consenso político, evitando tensiones que en otra época hubieran ocasionado una guerra civil. Este consenso supuso grandes sacrificios y renuncias parciales de los partidos políticos en sus ideas y pretensiones, para conseguir que todas las ideas estuviesen representadas.

Suárez mediante el diálogo con las plataformas de izquierdas y las élites continuistas optó por la ruptura del régimen controlada por el Gobierno y patrocinada por la Corona. Siendo el instrumento de esta estrategia la Ley para la Reforma Política, que fue elaborada de acuerdo con las Leyes Fundamentales del Estado existentes, fue sometida al informe del Consejo Nacional del Movimiento y discutida y aprobada por las Cortes. Siendo sometida finalmente a referéndum del pueblo español el día 15 de diciembre

Esta Ley no derogaba expresamente ningún precepto pero si evidenciaba una ruptura hacia una nueva Constitución, estableciendo las condiciones para que los españoles se constituyeran como última instancia de soberanía. La Ley era breve explicitando la residencia popular de la soberanía, los derechos fundamentales de los ciudadanos, el pluralismo político y el sufragio universal.
Superados los trámites la Ley entró en vigor el 4 de enero de 1977 posibilitando a Suárez la eliminación de los obstáculos para la participación de la oposición en el proceso constituyente. Al mismo tiempo mediante Decretos Ley el gobierno procedió a desmontar la organización del Movimiento Nacional, la organización Sindical, legalizar la huelga, reforma electoral etc.
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 se formó una Comisión de Asuntos Constitucionales formada por siete miembros en representación de las fuerzas políticas mayoritarias, a los que posteriormente se les llamaría “Padres de la Constitución”.
El proceso de elaboración se alargó durante varios meses y tras la aprobación de los oportunos trámites parlamentarios, fue votada en referéndum en día 6 de diciembre de 1978, fecha que ha quedado instituida como Día de la Constitución Española.
La Constitución de 1978 es pues pluralista, de consenso, favorecedora de la alternancia, técnicamente rígida y propia de una sociedad avanzada.

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