Los adolescentes son una franja etaria muy poco tenida en cuenta por el Estado argentino, que históricamente ha dedicado medidas bien definidas para la niñez y para los jóvenes adultos, pero aplica escasas políticas públicas específicas para la población de entre 12 y 17 años, coincidieron organizaciones y especialistas consultados por Periodismo Social.
El 41,4 por ciento (1.072.502) de los jóvenes de entre 14 y 17 años se encontraba durante 2004 en situación de vulnerabilidad y exclusión educativa, según la Fundación SES (Solidaridad, Educación, Sustentabilidad). El porcentaje descendía al 1 por ciento en el quintil de ingresos más rico, mientras que en el quintil más pobre se elevaba al 17 por ciento: una brecha de exclusión educativa de diecisiete veces.
El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires estima que actualmente el 19,36 por ciento (387.200) de los jóvenes bonaerenses de 14 a 21 años no estudia ni trabaja. En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor escolarización del país, la Secretaría de Educación porteña admite que unos diez mil jóvenes están fuera de las aulas. Pero ¿qué hace el Estado por ellos y por el resto de los adolescentes en la misma situación en el resto del país?
El Ministerio de Educación es un área nacional en la que pueden advertirse claramente políticas públicas específicas para adolescentes, evalúa Mónica Rosenfeld, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El Programa de Comunidades Vulnerables (PCV) del Ministerio de Justicia de la Nación es otro ejemplo. Otorga un Plan Empleo y Capacitación (PEC) de 150 pesos mensuales a jóvenes que hayan estado involucrados en delitos y que, a cambio, se comprometan a realizar actividades por un mínimo de cuatro horas diarias y a capacitarse. El programa alcanza a 800 jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro.
Un recorrido rápido permite detectar luego iniciativas regionales, como el Proyecto Adolescentes, del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, que alcanza a 33 mil jóvenes y cuyos objetivos son promover la inserción escolar y apoyar emprendimientos productivos.
Sin embargo, todavía falta una articulación de programas entre los distintos estamentos del Estado nacional. "Todavía no lo estamos haciendo, pero lo estamos intentando y hay una preocupación de todos los gabinetes sociales de los ministerios para articular en políticas de juventud", cuenta Gladys Kochen, asesora de gabinete del ministro de Educación Daniel Filmus y responsable del Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar".
Uno de los primeros acercamientos en este sentido se da entre Educación y el Ministerio del Interior. Dentro del programa "Todos a Estudiar" se prevé la tramitación de documentos de identidad para jóvenes. Mientras, no existen políticas de primer empleo y los programas de inclusión laboral de la Dirección Nacional de Juventud (DINAJU), del Ministerio de Desarrollo Social, abarca a jóvenes de entre 18 y 25 años.
¿Cuándo se hace visible el adolescente?
La sociedad, en general, tiene dificultades para crear mecanismos que la articulen adecuadamente con ese joven que comienza a buscar una autonomía que el Estado no termina de reconocerle. En lugar de considerarlos en peligro, la comunidad a menudo los ve como peligrosos, incluso los criminaliza.
Los adolescentes suelen hacerse muy visibles, en general, cuando se transforman en un problema para los adultos. La sociedad reacciona entonces en busca de respuestas, como cuando un alumno de 15 años disparó sobre sus compañeros en Carmen de Patagones (Buenos Aires) y mató a tres de ellos, o cuando 193 chicos murieron en el incendio del boliche porteño Cromañón.
Muchas decisiones públicas que se han tomado durante los últimos años sobre los adolescentes giran en torno de esa actitud previa de criminalizarlos, una tendencia social -a la que pueden adherir los medios de comunicación- a culparlos de distintos males de la sociedad, entre ellos, la inseguridad.
Pero son los adolescentes los vulnerables los que tienen sus derechos amenazados, aclara el ministro bonaerense de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, a Periodismo Social. En el primer trimestre de 2004, el 54,3 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 12 años era pobre, contra un índice general de 44,3 por ciento, según una medición del INDEC en 28 conglomerados urbanos del país.
"Se instaló en el imaginario una matriz compleja de pobreza, villa, joven, delito y droga. Desarmar esa madeja es muy difícil y se supone que la escuela y la familia deberían ser quienes la desarman", explica Rosenfeld, Coordinadora de Desarrollo de Nuevos Proyectos en el área de Género y Políticas Públicas de FLACSO, a Periodismo Social.
La invisibilidad también se refleja en la falta de criterios únicos para determinar cuándo una persona es adolescente, a partir de qué edad y hasta cuándo. Esto se relaciona con la propia ambigüedad existente en la transición de niño a adulto. "¿Qué área del Estado tiene que generar políticas dirigidas a la adolescencia? Educación, la Dirección Nacional de la Juventud o el área de Familia?", se pregunta Rosenfeld.
"Infancia y adolescencia -explica- son términos relativamente nuevos en la Historia moderna. Antes no existía este pasaje intermedio de niño a adulto que permite la sociedad burguesa". Ese tiempo que el Estado moderno había destinado a la preparación de las clases obreras para el trabajo y la socialización.
La escuela como ámbito de pertenencia
SES sostiene que una sociedad que no educa e incluye a sus nuevos miembros se achica a partir de excluir a las personas en la participación en la producción y consumo de riqueza. Los adolescentes más pobres que desertan del sistema educativo tienen una alta probabilidad de reproducir la cadena de pobreza que vivieron sus padres.
La permanencia de los adolescentes dentro del sistema educativo es uno de los objetivos trazados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC's) y, de a poco, encuentra eco en distintos estamentos del Estado. El Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar" es un buen ejemplo de ello.
"Dadas las cifras y la situación de pobreza de la población adolescente, cuando asume (Daniel) Filmus se comenzó a pensar qué hacer para que la escuela deje de estar quieta esperando que los chicos vayan a ella y cómo generar alguna estrategia para invitarlos a que regresen al sistema", cuenta Gladys Kochen a Periodismo Social.
En este contexto, el Ministerio de Educación de la Nación dio cuenta del trabajo que algunas organizaciones sociales realizaban con adolescentes en determinadas comunidades y lo amplió a todo el país. El Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar" implica una alianza en la gestión con Fundación SES, con Fundación de Organización Comunitaria (FOC) y con la asistencia técnica y el financiamiento de Unicef para las OSCs. Las becas, los tres mil pesos anuales para equipamiento de las escuelas y el sueldo a los facilitadores pedagógicos se cubren con fondos nacionales y fondos del canje de deuda.
La propuesta contempla el trabajo en red con organizaciones comunitarias locales y organizaciones juveniles que realizan un diagnóstico participativo local de la situación de los niños / jóvenes sin escolaridad del barrio y elaboran un proyecto de estrategias de inclusión. Se capacitan a los referentes comunitarios y se crean espacios educativos alternativos que sirven de puente a la escolaridad que funciona dentro o fuera de la escuela.
"El objetivo en esta primera etapa es profundizar el trabajo en el nivel EGB 3 que es donde hay mayor deserción. En 2004 se hablaba de 280 mil chicos. Además, hoy, el 50 por ciento de los chicos que ingresan al Polimodal, no finaliza", informa Gladys Kochen.
Como las razones de la deserción escolar son múltiples en Educación se plantearon trabajar en dos ejes: el económico, a través de las becas, y la inversión en equipamiento. "Pero hay una causa intrínseca que es la escuela misma ", reconoce Kochen. Para ello, la escuela está obligada a convocar a organizaciones sociales y juveniles, para diseñar y pensar una estrategia para que los jóvenes regresen.
En la actualidad, hay 800 escuelas de todo el país dentro del Programa (menos la Ciudad de Buenos Aires que no adhirió) y esperan llegar a 1.200 a fin de año. Son cuarenta mil los chicos que re ingresaron al sistema educativo formal. El programa también contempla los facilitadores pedagógicos que acompañan a los jóvenes. "A veces, los chicos tienen fobia de regresar a la escuela donde se sintieron expulsados por eso solicitamos a las escuelas que en sus proyectos contemplen espacios-puente a cargo de los facilitadores", cuenta Kochen.
"Hay una intención de dar cuenta, por lo menos, de los problemas que tienen los adolescentes que desertan de la escuela -reconoce Mónica Rosenfeld-. Son como puertas de entrada alternativas por donde los pibes se pueden colar. A partir de que estén adentro, es más fácil asegurar que terminen sus estudios, que es lo que concretaría, eventualmente, el derecho y alguna posibilidad de inclusión posterior. Creo que, bien o mal, el Ministerio de Educación es el único que lleva adelante políticas públicas hacia los adolescentes y con una alternativa novedosa como lo es la alianza con la sociedad civil".
¿Criminalizar es la respuesta?
"Cuando vivía en la calle, algunos policías te dejaban pedir. Ahora te cagan a palos. Antes te dejaban dormir en la estación, ahora te llevan adentro, a un instituto", cuenta Emanuel. Cuando el Estado decide dar una respuesta penal a ciertos comportamientos de la población adolescente, está reconociendo que no está dispuesto a brindar otro tipo de respuesta: como facilitar el acceso y permanencia a la educación, a la salud o la preparación para un empleo.
"La criminalización e institucionalización es exactamente lo contrario -reconoce Alejandro Morlachetti, de la Fundación Pelota de Trapo-. El sistema penal y de represión generará una persona mucho más excluida de lo que estaba antes".
Las respuestas punitivas a los problemas sociales no sólo no ofrecen soluciones sino que económicamente son negativas. Un chico alojado en un instituto de seguridad mediana para menores le cuesta al Estado entre 1.500 y 1.800 pesos. La Fundación SES hace seis años que lleva adelante el programa Grupos Comunitarios de Estudio (GCE) para mejorar la situación educativa de los jóvenes de comunidades con altos niveles de pobreza.
SES ha logrado que 300 jóvenes egresen de la escuela básica, 60 de la escuela media y 40 accedan a la educación superior. El costo del programa es de 1400 pesos por joven.
"La institucionalización de menores genera respuestas de reincidencia muy graves
-dice Morlachetti-. Aquel que ingresa por un delito menor, es probable que dentro de la misma adolescencia o como adulto cometa delitos mayores. De esta manera la sociedad no soluciona el teórico problema de la seguridad, ni le da solución al adolescente." En cambio, de los 1400 pibes que el año pasado pasaron por el Programa de Comunidades Vulnerables sólo el 5 % volvió a tener problemas con la ley (Clarín 25-04-2005).
Gustavo Daniel Ponce, investigador en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales del CEDES, considera que el problema de la población adolescente es la deserción escolar y un ingreso al mundo del trabajo que le resulta lejano y que no le permite dar un sentido a las acciones que ejecuta.
"Hay quienes hablan de una latencia de la adolescencia. Pibes que tardan más tiempo en salir de la casa de los padres, de forjar algún proyecto propio, independizarse, tener más autonomía. Si esto se demora -según Ponce- está hablando de un afuera muy peligroso, muy incierto. Me parece que lo que daba certeza a este mundo eran los mojones vinculados al trabajo", sostiene.
Esta latencia que comenta Ponce se complementa con un acceso a la adolescencia cada vez más temprana. Esto hizo que, al momento de plantearse el Programa Todos a Estudiar, se decidiera que la franja etaria que abarcaría fuera de 11 a 18 años. Y se está estudiando la posiblidad de ampliarla a los 21 años.
El proyecto bonaerense
La provincia de Buenos Aires tiene dos millones de adolescentes de 14 a 21 años. El 50 por ciento vive bajo la línea de pobreza y, de ellos, un 38,8 por ciento es indigente. Son 655.102 chicos que no tiene ningún tipo de cobertura social. Cinco de cada veinte adolescentes no estudia ni trabaja. La mayoría vive la ruptura del contrato familiar como consecuencia de las situaciones de pobreza y desempleo crónicos.
"Están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos y con una amenaza muy alta en las posibilidades de acceder a la salud, a la educación, de construir un trabajo, de conseguir su autonomía", asegura Juan Pablo Cafiero, ministro de Desarrollo Humano provincial.
El año pasado, el gobierno bonaerense lanzó el Proyecto Adolescentes, un plan social dirigido a jóvenes y que articula con organizaciones sociales. Entre los objetivos están promover la reinserción escolar, formar promotores barriales y apoyar emprendimientos productivos. El Ministerio de Desarrollo Humano financia los proyectos seleccionados por un período de doce meses con una beca de 150 pesos por adolescente. Ya hay 33 mil pibes dentro del programa que, cuando se diagramó, tenía previsto dar cobertura a 20 mil.
"El Estado es visto como ejercicio de la acción política, es visto como una basura. Por eso, en este tipo de proyectos es importante la participación de los propios pibes -asegura el ministro bonaerense Cafiero -. Que ellos sean los que marcan el rumbo les da tranquilidad y permite la calidad institucional del proyecto. Si es estatal-paternalista los pibes se alejan, cobran la beca y se van."
El papel del tercer sector
El año pasado, la Asociación Miguel Bru ingresó a Isla Maciel, en la frontera del Gran Buenos Aires con la Capital Federal, para brindar asistencia legal a los familiares de víctimas del gatillo fácil. En las primeras reuniones, las madres solicitaron que, además del apoyo que les estaban dando, hicieran algo por los demás pibes, por los que todavía estaban vivos. Así nacieron los talleres de fotografía, periodismo, computación, peluquería, electricidad y panadería.
"Hay veces que con los chicos del barrio nos ponemos a hablar y decimos 'nos mandó Dios a estos chabones', porque quién va a venir a un barrio y nos va a dar una beca -cuenta Juan Manuel a Periodismo Social-. Después nos entusiasmaron los talleres. Antes no había nadie, era tierra de nadie". En un año, el 80 por ciento de los pibes que cursan los talleres retomó la escuela. La ausencia del Estado, que sólo se hizo presente a través de la represión, fue cubierta por una organización social, en este caso de derechos humanos.
La mirada que el Ministerio de Educación puso sobre el trabajo que estaban realizando las organizaciones del tercer sector es un reclamo de hace tiempo. La articulación entre el Estado y la sociedad civil es necesaria, y en muchos casos, se torna urgente.
"Desligarse de su responsabilidad para tercerizar en las organizaciones no soluciona las cosas. El Estado nunca debe abrirse de su compromiso de políticas públicas, ni siquiera como agente de intervención. No sólo como organismo que regule las políticas, sino también como su ejecutor", asegura Franco Guilli, de la Asociación Civil Amanecer (Ver recuadro De la calle a las tablas).
Las OSC's trabajan en sectores, tienen límites. Y, sobre todo, no son las responsables de generar políticas públicas. "Es el Estado el que tiene la capacidad económica y los recursos humanos para llegar a millones de personas. ¿Qué sucedería si diera respuestas sociales en vez de punitivas -se pregunta Morlachetti-? Las respuestas sociales necesitan años para generar un cambio visible y, generalmente, esto no coincide con un período de gobierno".
Ello es lo que torna tan difícil que el debate de políticas públicas específicas para adolescentes forme parte de la agenda pública de la mayoría de una dirigencia política acostumbrada a correr detrás de los tiempos electorales.
* NOTA: El material aquí presentado no refleja necesariamente el punto de vista de UNICEF y Fundación Arcor y fue elaborado exclusivamente por Periodismo Social.
Guía de Fuentes:
Fundación SES
Vuelta de Obligado 2667
4896-1921
www.fundses.org.ar
info@fundses.org.ar
Mónica Rosenfeld
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO
5238-9300
www.flacso.org.ar
mrosenfeld@ciudad.com.ar
Gustavo Daniel Ponce
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Sánchez de Bustamante 27
4865-1707
www.cedes.org
gdponce@hotmail.com
Ministerio de Desarrollo Humano - Provincia de Buenos Aires
Prensa: Natalia Duana
(0221) 429-5693/5500 int. 6617
www.desarrollohumano.gba.gov.ar
prensa@desarrollohumano.gba.gov.ar
Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller
Franco Gulli
4813-1890 / 4815-4223
info@amanecer.org.ar
www.amanecer.org.ar
Fundación Pelota de Trapo
Uruguay 212 Avellaneda
4208-4341 / 4209-8956
www.pelotadetrapo.org.ar
fundación@pelotadetrapo.org.ar
El 41,4 por ciento (1.072.502) de los jóvenes de entre 14 y 17 años se encontraba durante 2004 en situación de vulnerabilidad y exclusión educativa, según la Fundación SES (Solidaridad, Educación, Sustentabilidad). El porcentaje descendía al 1 por ciento en el quintil de ingresos más rico, mientras que en el quintil más pobre se elevaba al 17 por ciento: una brecha de exclusión educativa de diecisiete veces.
El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires estima que actualmente el 19,36 por ciento (387.200) de los jóvenes bonaerenses de 14 a 21 años no estudia ni trabaja. En la Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor escolarización del país, la Secretaría de Educación porteña admite que unos diez mil jóvenes están fuera de las aulas. Pero ¿qué hace el Estado por ellos y por el resto de los adolescentes en la misma situación en el resto del país?
El Ministerio de Educación es un área nacional en la que pueden advertirse claramente políticas públicas específicas para adolescentes, evalúa Mónica Rosenfeld, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El Programa de Comunidades Vulnerables (PCV) del Ministerio de Justicia de la Nación es otro ejemplo. Otorga un Plan Empleo y Capacitación (PEC) de 150 pesos mensuales a jóvenes que hayan estado involucrados en delitos y que, a cambio, se comprometan a realizar actividades por un mínimo de cuatro horas diarias y a capacitarse. El programa alcanza a 800 jóvenes de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro.
Un recorrido rápido permite detectar luego iniciativas regionales, como el Proyecto Adolescentes, del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, que alcanza a 33 mil jóvenes y cuyos objetivos son promover la inserción escolar y apoyar emprendimientos productivos.
Sin embargo, todavía falta una articulación de programas entre los distintos estamentos del Estado nacional. "Todavía no lo estamos haciendo, pero lo estamos intentando y hay una preocupación de todos los gabinetes sociales de los ministerios para articular en políticas de juventud", cuenta Gladys Kochen, asesora de gabinete del ministro de Educación Daniel Filmus y responsable del Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar".
Uno de los primeros acercamientos en este sentido se da entre Educación y el Ministerio del Interior. Dentro del programa "Todos a Estudiar" se prevé la tramitación de documentos de identidad para jóvenes. Mientras, no existen políticas de primer empleo y los programas de inclusión laboral de la Dirección Nacional de Juventud (DINAJU), del Ministerio de Desarrollo Social, abarca a jóvenes de entre 18 y 25 años.
¿Cuándo se hace visible el adolescente?
La sociedad, en general, tiene dificultades para crear mecanismos que la articulen adecuadamente con ese joven que comienza a buscar una autonomía que el Estado no termina de reconocerle. En lugar de considerarlos en peligro, la comunidad a menudo los ve como peligrosos, incluso los criminaliza.
Los adolescentes suelen hacerse muy visibles, en general, cuando se transforman en un problema para los adultos. La sociedad reacciona entonces en busca de respuestas, como cuando un alumno de 15 años disparó sobre sus compañeros en Carmen de Patagones (Buenos Aires) y mató a tres de ellos, o cuando 193 chicos murieron en el incendio del boliche porteño Cromañón.
Muchas decisiones públicas que se han tomado durante los últimos años sobre los adolescentes giran en torno de esa actitud previa de criminalizarlos, una tendencia social -a la que pueden adherir los medios de comunicación- a culparlos de distintos males de la sociedad, entre ellos, la inseguridad.
Pero son los adolescentes los vulnerables los que tienen sus derechos amenazados, aclara el ministro bonaerense de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, a Periodismo Social. En el primer trimestre de 2004, el 54,3 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 12 años era pobre, contra un índice general de 44,3 por ciento, según una medición del INDEC en 28 conglomerados urbanos del país.
"Se instaló en el imaginario una matriz compleja de pobreza, villa, joven, delito y droga. Desarmar esa madeja es muy difícil y se supone que la escuela y la familia deberían ser quienes la desarman", explica Rosenfeld, Coordinadora de Desarrollo de Nuevos Proyectos en el área de Género y Políticas Públicas de FLACSO, a Periodismo Social.
La invisibilidad también se refleja en la falta de criterios únicos para determinar cuándo una persona es adolescente, a partir de qué edad y hasta cuándo. Esto se relaciona con la propia ambigüedad existente en la transición de niño a adulto. "¿Qué área del Estado tiene que generar políticas dirigidas a la adolescencia? Educación, la Dirección Nacional de la Juventud o el área de Familia?", se pregunta Rosenfeld.
"Infancia y adolescencia -explica- son términos relativamente nuevos en la Historia moderna. Antes no existía este pasaje intermedio de niño a adulto que permite la sociedad burguesa". Ese tiempo que el Estado moderno había destinado a la preparación de las clases obreras para el trabajo y la socialización.
La escuela como ámbito de pertenencia
SES sostiene que una sociedad que no educa e incluye a sus nuevos miembros se achica a partir de excluir a las personas en la participación en la producción y consumo de riqueza. Los adolescentes más pobres que desertan del sistema educativo tienen una alta probabilidad de reproducir la cadena de pobreza que vivieron sus padres.
La permanencia de los adolescentes dentro del sistema educativo es uno de los objetivos trazados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC's) y, de a poco, encuentra eco en distintos estamentos del Estado. El Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar" es un buen ejemplo de ello.
"Dadas las cifras y la situación de pobreza de la población adolescente, cuando asume (Daniel) Filmus se comenzó a pensar qué hacer para que la escuela deje de estar quieta esperando que los chicos vayan a ella y cómo generar alguna estrategia para invitarlos a que regresen al sistema", cuenta Gladys Kochen a Periodismo Social.
En este contexto, el Ministerio de Educación de la Nación dio cuenta del trabajo que algunas organizaciones sociales realizaban con adolescentes en determinadas comunidades y lo amplió a todo el país. El Programa Nacional de Inclusión Educativa "Todos a Estudiar" implica una alianza en la gestión con Fundación SES, con Fundación de Organización Comunitaria (FOC) y con la asistencia técnica y el financiamiento de Unicef para las OSCs. Las becas, los tres mil pesos anuales para equipamiento de las escuelas y el sueldo a los facilitadores pedagógicos se cubren con fondos nacionales y fondos del canje de deuda.
La propuesta contempla el trabajo en red con organizaciones comunitarias locales y organizaciones juveniles que realizan un diagnóstico participativo local de la situación de los niños / jóvenes sin escolaridad del barrio y elaboran un proyecto de estrategias de inclusión. Se capacitan a los referentes comunitarios y se crean espacios educativos alternativos que sirven de puente a la escolaridad que funciona dentro o fuera de la escuela.
"El objetivo en esta primera etapa es profundizar el trabajo en el nivel EGB 3 que es donde hay mayor deserción. En 2004 se hablaba de 280 mil chicos. Además, hoy, el 50 por ciento de los chicos que ingresan al Polimodal, no finaliza", informa Gladys Kochen.
Como las razones de la deserción escolar son múltiples en Educación se plantearon trabajar en dos ejes: el económico, a través de las becas, y la inversión en equipamiento. "Pero hay una causa intrínseca que es la escuela misma ", reconoce Kochen. Para ello, la escuela está obligada a convocar a organizaciones sociales y juveniles, para diseñar y pensar una estrategia para que los jóvenes regresen.
En la actualidad, hay 800 escuelas de todo el país dentro del Programa (menos la Ciudad de Buenos Aires que no adhirió) y esperan llegar a 1.200 a fin de año. Son cuarenta mil los chicos que re ingresaron al sistema educativo formal. El programa también contempla los facilitadores pedagógicos que acompañan a los jóvenes. "A veces, los chicos tienen fobia de regresar a la escuela donde se sintieron expulsados por eso solicitamos a las escuelas que en sus proyectos contemplen espacios-puente a cargo de los facilitadores", cuenta Kochen.
"Hay una intención de dar cuenta, por lo menos, de los problemas que tienen los adolescentes que desertan de la escuela -reconoce Mónica Rosenfeld-. Son como puertas de entrada alternativas por donde los pibes se pueden colar. A partir de que estén adentro, es más fácil asegurar que terminen sus estudios, que es lo que concretaría, eventualmente, el derecho y alguna posibilidad de inclusión posterior. Creo que, bien o mal, el Ministerio de Educación es el único que lleva adelante políticas públicas hacia los adolescentes y con una alternativa novedosa como lo es la alianza con la sociedad civil".
¿Criminalizar es la respuesta?
"Cuando vivía en la calle, algunos policías te dejaban pedir. Ahora te cagan a palos. Antes te dejaban dormir en la estación, ahora te llevan adentro, a un instituto", cuenta Emanuel. Cuando el Estado decide dar una respuesta penal a ciertos comportamientos de la población adolescente, está reconociendo que no está dispuesto a brindar otro tipo de respuesta: como facilitar el acceso y permanencia a la educación, a la salud o la preparación para un empleo.
"La criminalización e institucionalización es exactamente lo contrario -reconoce Alejandro Morlachetti, de la Fundación Pelota de Trapo-. El sistema penal y de represión generará una persona mucho más excluida de lo que estaba antes".
Las respuestas punitivas a los problemas sociales no sólo no ofrecen soluciones sino que económicamente son negativas. Un chico alojado en un instituto de seguridad mediana para menores le cuesta al Estado entre 1.500 y 1.800 pesos. La Fundación SES hace seis años que lleva adelante el programa Grupos Comunitarios de Estudio (GCE) para mejorar la situación educativa de los jóvenes de comunidades con altos niveles de pobreza.
SES ha logrado que 300 jóvenes egresen de la escuela básica, 60 de la escuela media y 40 accedan a la educación superior. El costo del programa es de 1400 pesos por joven.
"La institucionalización de menores genera respuestas de reincidencia muy graves
-dice Morlachetti-. Aquel que ingresa por un delito menor, es probable que dentro de la misma adolescencia o como adulto cometa delitos mayores. De esta manera la sociedad no soluciona el teórico problema de la seguridad, ni le da solución al adolescente." En cambio, de los 1400 pibes que el año pasado pasaron por el Programa de Comunidades Vulnerables sólo el 5 % volvió a tener problemas con la ley (Clarín 25-04-2005).
Gustavo Daniel Ponce, investigador en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales del CEDES, considera que el problema de la población adolescente es la deserción escolar y un ingreso al mundo del trabajo que le resulta lejano y que no le permite dar un sentido a las acciones que ejecuta.
"Hay quienes hablan de una latencia de la adolescencia. Pibes que tardan más tiempo en salir de la casa de los padres, de forjar algún proyecto propio, independizarse, tener más autonomía. Si esto se demora -según Ponce- está hablando de un afuera muy peligroso, muy incierto. Me parece que lo que daba certeza a este mundo eran los mojones vinculados al trabajo", sostiene.
Esta latencia que comenta Ponce se complementa con un acceso a la adolescencia cada vez más temprana. Esto hizo que, al momento de plantearse el Programa Todos a Estudiar, se decidiera que la franja etaria que abarcaría fuera de 11 a 18 años. Y se está estudiando la posiblidad de ampliarla a los 21 años.
El proyecto bonaerense
La provincia de Buenos Aires tiene dos millones de adolescentes de 14 a 21 años. El 50 por ciento vive bajo la línea de pobreza y, de ellos, un 38,8 por ciento es indigente. Son 655.102 chicos que no tiene ningún tipo de cobertura social. Cinco de cada veinte adolescentes no estudia ni trabaja. La mayoría vive la ruptura del contrato familiar como consecuencia de las situaciones de pobreza y desempleo crónicos.
"Están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos y con una amenaza muy alta en las posibilidades de acceder a la salud, a la educación, de construir un trabajo, de conseguir su autonomía", asegura Juan Pablo Cafiero, ministro de Desarrollo Humano provincial.
El año pasado, el gobierno bonaerense lanzó el Proyecto Adolescentes, un plan social dirigido a jóvenes y que articula con organizaciones sociales. Entre los objetivos están promover la reinserción escolar, formar promotores barriales y apoyar emprendimientos productivos. El Ministerio de Desarrollo Humano financia los proyectos seleccionados por un período de doce meses con una beca de 150 pesos por adolescente. Ya hay 33 mil pibes dentro del programa que, cuando se diagramó, tenía previsto dar cobertura a 20 mil.
"El Estado es visto como ejercicio de la acción política, es visto como una basura. Por eso, en este tipo de proyectos es importante la participación de los propios pibes -asegura el ministro bonaerense Cafiero -. Que ellos sean los que marcan el rumbo les da tranquilidad y permite la calidad institucional del proyecto. Si es estatal-paternalista los pibes se alejan, cobran la beca y se van."
El papel del tercer sector
El año pasado, la Asociación Miguel Bru ingresó a Isla Maciel, en la frontera del Gran Buenos Aires con la Capital Federal, para brindar asistencia legal a los familiares de víctimas del gatillo fácil. En las primeras reuniones, las madres solicitaron que, además del apoyo que les estaban dando, hicieran algo por los demás pibes, por los que todavía estaban vivos. Así nacieron los talleres de fotografía, periodismo, computación, peluquería, electricidad y panadería.
"Hay veces que con los chicos del barrio nos ponemos a hablar y decimos 'nos mandó Dios a estos chabones', porque quién va a venir a un barrio y nos va a dar una beca -cuenta Juan Manuel a Periodismo Social-. Después nos entusiasmaron los talleres. Antes no había nadie, era tierra de nadie". En un año, el 80 por ciento de los pibes que cursan los talleres retomó la escuela. La ausencia del Estado, que sólo se hizo presente a través de la represión, fue cubierta por una organización social, en este caso de derechos humanos.
La mirada que el Ministerio de Educación puso sobre el trabajo que estaban realizando las organizaciones del tercer sector es un reclamo de hace tiempo. La articulación entre el Estado y la sociedad civil es necesaria, y en muchos casos, se torna urgente.
"Desligarse de su responsabilidad para tercerizar en las organizaciones no soluciona las cosas. El Estado nunca debe abrirse de su compromiso de políticas públicas, ni siquiera como agente de intervención. No sólo como organismo que regule las políticas, sino también como su ejecutor", asegura Franco Guilli, de la Asociación Civil Amanecer (Ver recuadro De la calle a las tablas).
Las OSC's trabajan en sectores, tienen límites. Y, sobre todo, no son las responsables de generar políticas públicas. "Es el Estado el que tiene la capacidad económica y los recursos humanos para llegar a millones de personas. ¿Qué sucedería si diera respuestas sociales en vez de punitivas -se pregunta Morlachetti-? Las respuestas sociales necesitan años para generar un cambio visible y, generalmente, esto no coincide con un período de gobierno".
Ello es lo que torna tan difícil que el debate de políticas públicas específicas para adolescentes forme parte de la agenda pública de la mayoría de una dirigencia política acostumbrada a correr detrás de los tiempos electorales.
* NOTA: El material aquí presentado no refleja necesariamente el punto de vista de UNICEF y Fundación Arcor y fue elaborado exclusivamente por Periodismo Social.
Guía de Fuentes:
Fundación SES
Vuelta de Obligado 2667
4896-1921
www.fundses.org.ar
info@fundses.org.ar
Mónica Rosenfeld
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO
5238-9300
www.flacso.org.ar
mrosenfeld@ciudad.com.ar
Gustavo Daniel Ponce
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Sánchez de Bustamante 27
4865-1707
www.cedes.org
gdponce@hotmail.com
Ministerio de Desarrollo Humano - Provincia de Buenos Aires
Prensa: Natalia Duana
(0221) 429-5693/5500 int. 6617
www.desarrollohumano.gba.gov.ar
prensa@desarrollohumano.gba.gov.ar
Asociación Amanecer Grupo Casa-Taller
Franco Gulli
4813-1890 / 4815-4223
info@amanecer.org.ar
www.amanecer.org.ar
Fundación Pelota de Trapo
Uruguay 212 Avellaneda
4208-4341 / 4209-8956
www.pelotadetrapo.org.ar
fundación@pelotadetrapo.org.ar
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