Realizado por Andrés Campoy Alcolea.
Realmente, en la actualidad, la generalización de los actos terroristas realizados por bandas organizadas, es una de las preocupaciones más importantes de los gobiernos democráticos y por ello todos los gobiernos están obligados a afrontar el problema del terrorismo. Sin embargo la cuestión no es sencilla, puesto que en algunos casos estas organizaciones tienen cierto respaldo social y tienen unas estructuras importantes detrás de ellas, como en el caso de ETA en el País Vasco. Además de que los partidos políticos mayoritarios como en el caso de España, no han demostrado hasta el momento una verdadera intención de querer solucionar el problema ya que desde el periodo democrático estos partidos, de alguna manera han instrumentalizado el terrorismo según sus intereses y prácticamente según la conveniencia de las situaciones. Tanto unos como otros, creen de forma indirecta y equivocadamente que en todas sus llegadas al poder, ha intervenido la mano de la organización terrorista ETA, favoreciéndoles de alguna manera a ellos mismos algunas veces, o a los contrarios en otras, pues si analizamos despacio esos años de la transición democrática, nos encontramos con que el Asesinato por ETA, de Carrero Blanco, entonces Ministro de la Gobernación, según un determinado grupo de la sociedad, fue el desencadenante de la instauración de la democracia y por tanto, la llegada al poder del primer Gobierno democrático del centrista Adolfo Suárez. Al final de su mandato, la serie de atentados con víctimas inocentes, junto con el escándalo del aceite de colza (en el que influyó el terrorismo económico) y el sentimiento de revancha que se había generado a lo largo de toda la dictadura de Franco, propicio la llegada del PSOE, en 1982. El atentado en las vísperas de las Elecciones Generales de 1996, contra el coche de José María Aznar, propició un sentimiento de impotencia en los ciudadanos independientes e indecisos, que le proporcionó al PP, probablemente según mis cálculos de un millón de votos, los necesarios y suficientes para la victoria aproximadamente por 200.000 votos de diferencia, pero sin mayoría absoluta, sobre Felipe González, por ello cuando se produjeron los atentados del 11-M, no es de extrañar que el Gobierno del Partido Popular pensase que era obra de ETA, porque su memoria histórica aún no les había dejado olvidar el pasado, ya que las encuestas en las Elecciones Generales de 1996 en las que el PSOE perdió el Gobierno, arrojaban una ventaja considerable del PSOE sobre el PP y sin embargo en aquella ocasión fue José María Aznar quien gano contra todo pronóstico a Felipe González Así que en mi opinión, desde la instauración de la democracia, el tema del terrorismo vasco, ha sido utilizado políticamente como arma arrojadiza de unos partidos contra otros, para obtener ventajas electorales, pero sin verdadera intención de resolver el problema, y aún hoy parece que hay partidos interesados en buscar más votos de los que tienen a costa del problema vasco. Lo recomendable sería conseguir un pacto de estado contra el terrorismo en el que esté quien esté en el gobierno, tenga que mantener el mismo compromiso y las mismas pautas de actuación, y veremos como en poco tiempo el problema se solucionará.
Las posibles medidas ante esta situación pueden ser de carácter jurídico, Legales, policiales, etc. Por ello ante el abanico de posibilidades de solución, hay que preguntarse cuales de ellas son las más efectivas, de manera que nos podríamos preguntar: ¿Hay que negociar con los terroristas?.
Para dar respuesta a ello, hay que tener en cuenta que no es lo mismo afrontar el problema terrorista en lugares donde éste es originado por grupos aislados, sin mucho respaldo social, como en los casos de los países sudamericanos, en donde puede ser efectivo adoptar medidas reformistas por parte de los gobiernos, que en lugares en donde tiene cierto arraigo social como en el caso del IRA en Irlanda y ETA en España donde las eventuales reformas no terminan por conseguir su desaparición. (En el caso del IRA, porque el abuso de los soldados ingleses creo un sentimiento de independencia entre importantes sectores sociales en el Ulster.). En España, como consecuencia del aperturismo social que trajo la transición democrática, parte de la dirección terrorista de ETA se planteo dejar las armas e integrarse y participar en las instituciones democráticas, pero otro sector de dirigentes, bien sea por ambiciones personales o por otras causas (ETA militar ) renunció a ello, por lo que excepto en algunos periodos de tregua, prácticamente, en todos los años ha habido atentados y algunos muy sangrientos.
Durante los periodos de tregua, ha habido intentos de diálogo con ETA, como en el caso de las conversaciones de Argel durante el Gobierno de Felipe González, siendo ministro Juan Manuel Eguiagaray y en donde Rafael Vera, tuvo un papel protagonista. Estas conversaciones no fructificaron porque ETA planteo unas pretensiones imposibles de negociar al mismo tiempo que lo que pretendía era utilizar la propaganda que le daba el hecho de sentarse a negociar, considerándoles como interlocutores válidos. De todo ello se consiguió que parte de la cúpula de ETA PM, abandonase la lucha armada y se integrara a las instituciones democráticas. Esto nos lleva a pensar que aunque en un sistema democrático, la postura general es la de rechazo a las negociaciones con bandas armadas, en algunos casos es más útil una negociación con unos objetivos bien definidos por ambas partes, y en donde se limiten las concesiones.
Por otra parte, los grupos terroristas, tratan de minar las bases democráticas del Estado de Derecho, manipulando los medios de comunicación por lo que, los gobiernos deben contrarrestar su acción propagandística, mediante la sensibilización popular y los medios de comunicación, tanto a nivel interno como hacia el ámbito internacional y para ello es preciso mantener adecuados dispositivos informativos que expliquen a los ciudadanos cuales son y por qué se toman ciertas medidas por parte del gobierno. También dentro de las campañas de sensibilización, es necesario fomentar una cultura cívica de valores democráticos contrarios a las actitudes despóticas que hacen los grupos terroristas clandestinos. Todo esto lleva el riesgo de que la posible orientación de los medios de comunicación pueda ser interpretada como una censura, por lo que lo aconsejable sería estimular arreglos informales, respetuosos con la libertad que los periodistas necesitan para informar y lo ciudadanos requieren para ser informados, que combinen la aceptación de ciertas restricciones voluntarias ante la eventual difusión de datos cuya publicidad pudiera redundar en beneficio de alguna organización terrorista.
Respecto a las medidas políticas de reinserción, que según las evaluaciones realizadas, son las más efectivas de cuantas han sido implementadas por los gobiernos democráticos, pues tratan de dar salida a los militantes que voluntariamente se apartan de la lucha armada tenemos el inconveniente de que el abandono de algunos miembros, puede ser el empecinamiento de otros más obstinados. Otra de las medidas de cierto éxito, es la de dispersión de presos terroristas para evitar su concentración y limitar su cohesión interna y facilitar su retorno a la sociedad civil. Sin embargo este tipo de medidas de reinserción en España ha estado condicionada por dos razones: primero por la necesidad de recoger el sentir de la voz de las personas que han padecido los efectos del terrorismo etarra, para satisfacer sus exigencias morales y los intereses de la Organización Victimas del Terrorismo que los aglutina y que son contrarios a las políticas de reinserción. Y por otro lado porque dichas medidas fueron muy criticadas por el entonces partido en la oposición el PP, lo cual no favoreció su desarrollo.
De las posibles iniciativas de la política antiterrorista, la de auspiciar pactos, probablemente sea la más perentoria, pues el consenso entre los principales partidos políticos es prácticamente imposible y eso lo estamos viendo todos los días con las manifestaciones de los dirigentes del PP, que son totalmente contrarias a la política antiterrorista que esta implementando el PSOE.
Junto con las medidas mencionadas anteriormente, existe también un elenco de medidas disuasorias o coactivas tanto de carácter jurídico como policial no exentas del riesgo de caer en la peligros inoperancia que caracteriza a la primera de ambas medidas, como en las demesuras inaceptables desde la perspectiva democrática de las segundas. En algunos lugares, en los últimos 25 se han establecido Tribunales especializados o legislaciones especiales. En España la Audiencia Nacional resulta particularmente funcional ante las actuaciones terroristas. Otros países han optado por soluciones intermedias. Las legislaciones antiterroristas, por su improvisación, heterogeneidad e imprecisión, son consideradas por algunos juristas como un quebranto de los derechos democráticos, en primer lugar porque las normas excepcionales implican una primacía de principios políticos sobre razonamientos exclusivamente jurídicos. En segundo lugar, debido al tratamiento distintivo que tales normativas hacen del terrorismo con respecto a otras formas de delincuencia. Desde una perspectiva crítica se insiste en este segundo aspecto aduciendo que son legislaciones que lesionan algunos derechos constitucionales. (Posibilidad de prolongación del periodo de detención sin asistencia letrada ni imputación de cargos específicos, malos tratos durante la detención, el uso de delatores que trafican contra sus propios compañeros). En otros países los grupos de presión como en el caso de EEUU han influido para impedir que prosperasen proyectos legislativos contra el terrorismo. Por tanto los gobiernos han de adoptar medidas legislativas, lo suficientemente flexibles, que permitan tipificar los distintos delitos violentos, estipulando penas acordes con la gravedad de los distintos delitos. En el caso de España, el nuevo código penal de 1995 contempla en el título XXII una serie de artículos referidos específicamente a delitos terroristas, normalizando las disposiciones precedentes.
En referencia a las agencias de seguridad, en las democracias occidentales son los cuerpos de seguridad generalmente las policías los encargados de las tareas antiterroristas quedando relegadas las fuerzas armadas, excepto en algunos países de democracia emergente y con carácter auxiliar, bien vigilando las fronteras, para proteger sedes diplomáticas y edificios públicos. De manera que combatir el terrorismo con el ejercito, parece a criterio de todos una verdadera desmesura, siendo necesario para la efectividad de las medidas policiales, el tipo de organización interno de la policía, los acuerdos políticos respecto a su despliegue, las medidas legislativas existentes e incluso la opinión pública, sin olvidar la competición personal donde el nombramiento para puestos comprometidos y arriesgados puede ser aceptado por algunas personas, como una inversión en términos de carrera profesional. Otro aspecto importante es el manejo de la información (agentes infiltrados, nuevas tecnologías, etc.), que no esta exenta de riesgos. En el caso de España hay dedicados departamentos dedicados a la información que pertenecen a otras agencias estatales de seguridad, situación una buena coordinación entre todos los intervinientes, de manera que sea perfectamente contrastada. Algunas actividades encubiertas de los servicios secretos, pueden sobrepasar los límites impuestos por los marcos legales y constitucionales.
Finalmente, una respuesta represiva excesiva e indiscriminada, tiende a alienar a importantes sectores de la sociedad, con respecto a los gobiernos, generando una sensación de falta de legitimidad, de manera que algunos procedimientos tienden a generar empatía entre los ciudadanos. También el uso ilícito de recursos públicos tiene como finalidad la de complementar la represión legal, así ocurre cuando miembros de las fuerzas de seguridad, articulan secretamente cuerpos contraterroristas ilegales, como en el caso de los GAL en o el Batallón Vasco Español. Grupos antiterrorismo ETA. Etc.
Las posibles medidas ante esta situación pueden ser de carácter jurídico, Legales, policiales, etc. Por ello ante el abanico de posibilidades de solución, hay que preguntarse cuales de ellas son las más efectivas, de manera que nos podríamos preguntar: ¿Hay que negociar con los terroristas?.
Para dar respuesta a ello, hay que tener en cuenta que no es lo mismo afrontar el problema terrorista en lugares donde éste es originado por grupos aislados, sin mucho respaldo social, como en los casos de los países sudamericanos, en donde puede ser efectivo adoptar medidas reformistas por parte de los gobiernos, que en lugares en donde tiene cierto arraigo social como en el caso del IRA en Irlanda y ETA en España donde las eventuales reformas no terminan por conseguir su desaparición. (En el caso del IRA, porque el abuso de los soldados ingleses creo un sentimiento de independencia entre importantes sectores sociales en el Ulster.). En España, como consecuencia del aperturismo social que trajo la transición democrática, parte de la dirección terrorista de ETA se planteo dejar las armas e integrarse y participar en las instituciones democráticas, pero otro sector de dirigentes, bien sea por ambiciones personales o por otras causas (ETA militar ) renunció a ello, por lo que excepto en algunos periodos de tregua, prácticamente, en todos los años ha habido atentados y algunos muy sangrientos.
Durante los periodos de tregua, ha habido intentos de diálogo con ETA, como en el caso de las conversaciones de Argel durante el Gobierno de Felipe González, siendo ministro Juan Manuel Eguiagaray y en donde Rafael Vera, tuvo un papel protagonista. Estas conversaciones no fructificaron porque ETA planteo unas pretensiones imposibles de negociar al mismo tiempo que lo que pretendía era utilizar la propaganda que le daba el hecho de sentarse a negociar, considerándoles como interlocutores válidos. De todo ello se consiguió que parte de la cúpula de ETA PM, abandonase la lucha armada y se integrara a las instituciones democráticas. Esto nos lleva a pensar que aunque en un sistema democrático, la postura general es la de rechazo a las negociaciones con bandas armadas, en algunos casos es más útil una negociación con unos objetivos bien definidos por ambas partes, y en donde se limiten las concesiones.
Por otra parte, los grupos terroristas, tratan de minar las bases democráticas del Estado de Derecho, manipulando los medios de comunicación por lo que, los gobiernos deben contrarrestar su acción propagandística, mediante la sensibilización popular y los medios de comunicación, tanto a nivel interno como hacia el ámbito internacional y para ello es preciso mantener adecuados dispositivos informativos que expliquen a los ciudadanos cuales son y por qué se toman ciertas medidas por parte del gobierno. También dentro de las campañas de sensibilización, es necesario fomentar una cultura cívica de valores democráticos contrarios a las actitudes despóticas que hacen los grupos terroristas clandestinos. Todo esto lleva el riesgo de que la posible orientación de los medios de comunicación pueda ser interpretada como una censura, por lo que lo aconsejable sería estimular arreglos informales, respetuosos con la libertad que los periodistas necesitan para informar y lo ciudadanos requieren para ser informados, que combinen la aceptación de ciertas restricciones voluntarias ante la eventual difusión de datos cuya publicidad pudiera redundar en beneficio de alguna organización terrorista.
Respecto a las medidas políticas de reinserción, que según las evaluaciones realizadas, son las más efectivas de cuantas han sido implementadas por los gobiernos democráticos, pues tratan de dar salida a los militantes que voluntariamente se apartan de la lucha armada tenemos el inconveniente de que el abandono de algunos miembros, puede ser el empecinamiento de otros más obstinados. Otra de las medidas de cierto éxito, es la de dispersión de presos terroristas para evitar su concentración y limitar su cohesión interna y facilitar su retorno a la sociedad civil. Sin embargo este tipo de medidas de reinserción en España ha estado condicionada por dos razones: primero por la necesidad de recoger el sentir de la voz de las personas que han padecido los efectos del terrorismo etarra, para satisfacer sus exigencias morales y los intereses de la Organización Victimas del Terrorismo que los aglutina y que son contrarios a las políticas de reinserción. Y por otro lado porque dichas medidas fueron muy criticadas por el entonces partido en la oposición el PP, lo cual no favoreció su desarrollo.
De las posibles iniciativas de la política antiterrorista, la de auspiciar pactos, probablemente sea la más perentoria, pues el consenso entre los principales partidos políticos es prácticamente imposible y eso lo estamos viendo todos los días con las manifestaciones de los dirigentes del PP, que son totalmente contrarias a la política antiterrorista que esta implementando el PSOE.
Junto con las medidas mencionadas anteriormente, existe también un elenco de medidas disuasorias o coactivas tanto de carácter jurídico como policial no exentas del riesgo de caer en la peligros inoperancia que caracteriza a la primera de ambas medidas, como en las demesuras inaceptables desde la perspectiva democrática de las segundas. En algunos lugares, en los últimos 25 se han establecido Tribunales especializados o legislaciones especiales. En España la Audiencia Nacional resulta particularmente funcional ante las actuaciones terroristas. Otros países han optado por soluciones intermedias. Las legislaciones antiterroristas, por su improvisación, heterogeneidad e imprecisión, son consideradas por algunos juristas como un quebranto de los derechos democráticos, en primer lugar porque las normas excepcionales implican una primacía de principios políticos sobre razonamientos exclusivamente jurídicos. En segundo lugar, debido al tratamiento distintivo que tales normativas hacen del terrorismo con respecto a otras formas de delincuencia. Desde una perspectiva crítica se insiste en este segundo aspecto aduciendo que son legislaciones que lesionan algunos derechos constitucionales. (Posibilidad de prolongación del periodo de detención sin asistencia letrada ni imputación de cargos específicos, malos tratos durante la detención, el uso de delatores que trafican contra sus propios compañeros). En otros países los grupos de presión como en el caso de EEUU han influido para impedir que prosperasen proyectos legislativos contra el terrorismo. Por tanto los gobiernos han de adoptar medidas legislativas, lo suficientemente flexibles, que permitan tipificar los distintos delitos violentos, estipulando penas acordes con la gravedad de los distintos delitos. En el caso de España, el nuevo código penal de 1995 contempla en el título XXII una serie de artículos referidos específicamente a delitos terroristas, normalizando las disposiciones precedentes.
En referencia a las agencias de seguridad, en las democracias occidentales son los cuerpos de seguridad generalmente las policías los encargados de las tareas antiterroristas quedando relegadas las fuerzas armadas, excepto en algunos países de democracia emergente y con carácter auxiliar, bien vigilando las fronteras, para proteger sedes diplomáticas y edificios públicos. De manera que combatir el terrorismo con el ejercito, parece a criterio de todos una verdadera desmesura, siendo necesario para la efectividad de las medidas policiales, el tipo de organización interno de la policía, los acuerdos políticos respecto a su despliegue, las medidas legislativas existentes e incluso la opinión pública, sin olvidar la competición personal donde el nombramiento para puestos comprometidos y arriesgados puede ser aceptado por algunas personas, como una inversión en términos de carrera profesional. Otro aspecto importante es el manejo de la información (agentes infiltrados, nuevas tecnologías, etc.), que no esta exenta de riesgos. En el caso de España hay dedicados departamentos dedicados a la información que pertenecen a otras agencias estatales de seguridad, situación una buena coordinación entre todos los intervinientes, de manera que sea perfectamente contrastada. Algunas actividades encubiertas de los servicios secretos, pueden sobrepasar los límites impuestos por los marcos legales y constitucionales.
Finalmente, una respuesta represiva excesiva e indiscriminada, tiende a alienar a importantes sectores de la sociedad, con respecto a los gobiernos, generando una sensación de falta de legitimidad, de manera que algunos procedimientos tienden a generar empatía entre los ciudadanos. También el uso ilícito de recursos públicos tiene como finalidad la de complementar la represión legal, así ocurre cuando miembros de las fuerzas de seguridad, articulan secretamente cuerpos contraterroristas ilegales, como en el caso de los GAL en o el Batallón Vasco Español. Grupos antiterrorismo ETA. Etc.
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